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Esta semana, con la filtración de los documentos de la diplomacia estadounidense, se ha planteado un debate en diversos foros sobre cuáles son los límites del Open Government. La propia organización Wikileaks se define en su bio de Twitter así: We open governments. Pero ¿a quién corresponde esta función? Y ¿cuáles serían los límites?

Según el Departamento de Estado de EEUU la filtración de documentos “sitúa operaciones militares, relaciones diplomáticas y pone la vida de personas en peligro”. Mientras Javier Moreno, director de El País, uno de los medios con acceso exclusivo a los documentos, responde en un encuentro digital que los periódicos tienen muchas obligaciones pero “entre ellas no se encuentra el proteger a los Gobiernos, y al poder en general, de situaciones embarazosas”.

Alex Howard plantea en Gov 2.0 si esta “transparencia radical”, publicando información clasificada, es Open Government. Según la directiva oGov de la Casa Blanca no lo es, al poner en peligro la seguridad nacional. Y cita a Dominic Campbell, para quien Wikileaks es Open Government pues “el verdadero gobierno abierto no está determinado ni controlado por los gobiernos, sino que redistribuye el poder a la gente para decidir.

Andres Nin, funcionario de la Administración Pública, antes que a la organización o los medios, señala al responsable de la filtración:

Los funcionarios y empleados públicos, tenemos el deber de guardar secreto sobre lo que conocemos y no es público. Pueden existir excepciones, pero éstas suelen ser a su vez violaciones de la legalidad y, si las conocemos hemos de denunciarlas en los juzgados. No es lícito filtrar a un periódico un proyecto de ley que conozcamos y no sea oficial por impulsarlo o pararlo (…). En la transparencia pública, funcionarios y empleados públicos somos instrumento del poder político, no entes con poder de decisión propio. (…) Nuestro límite es no crear una oficialidad paralela y ajena a la legitimidad democrática, y hacer uso de nuestro puesto para difundir información pública no oficial no es lícito. Ése es el límite que traspasa quien filtra información a Wikileaks y similares.

Para Andrea di Maio Wikileaks es una oportunidad para el Open Government antes que una amenaza:

Puede ser una última llamada para los que proponen un gobierno abierto orientado a las personas (ya sean individuos, grupos o comunidades) que no tienen los recursos ni el interés por la lectura y la utilización de los datos, pero que podrían beneficiarse en el contexto de su vida cotidiana. Personas a las que lo que digan los políticos o funcionarios del Departamento de Estado a puerta cerrada les importa más bien poco.

Alex Howard cita en su artículo el editorial del New York Times, en el que justifican su decisión de publicar los cables para “explicar sin adornos la historia de cómo el gobierno toma las grandes decisiones, decisiones que tienen un gran coste para el país en vidas y dinero”. Para Tim O’Reilly, Wikileaks reta la filosofía del gobierno abierto o 2.0: “Los retos son buenos si podemos superarlos”.

Entonces ¿es lícito que los datos en posesión del gobierno los haga públicos una organización y no el propio gobierno? ¿Todos los datos del gobierno deben ser públicos? ¿Cuáles son los límites? ¿Nos acerca la filtración de Wikileaks al Open Government?

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